Eduardo
Blaustein Prohibido Vivir aquí
Una
historia de los planes de erradicaciónde villas de la última
dictadura C.M. de la V.
Parte 3
Banda en fuga y libro azul.
Año
2001, el de la Odisea en el Espacio. Luna esquina Iriarte, en Barracas.
La villa 21-24 sigue ahí. Hay galpones y una canchita en frente
de la villa, donde está la parada del 70. Pasando Montesquieu,
en un paredón grande, la gente hizo un mural con una leyenda:
"Cuidemos el barrio". No hay un cambio súbito en
la fisonomía de los frentes, en Iriarte al 3500, cuando Barracas
se hace villa. Es un cambio más sutil, que no necesita de la
intervención de muros aisladores. Todo el frente de la villa
a lo largo de la avenida es un sucesión de boliches angostos
y a lo largo de la vereda coches y camionetas medianamente ruinosas,
más un camión atmosférico que extiende sus mangueras
de extracción. Entre las paredes de cada boliche desembocan
los pasillos estrechos que vienen de los descampados internos. A cada
salida de pasillo corresponde una zanja con su arroyo jabonoso y su
pequeño puente de madera o cemento. Un perro grande se monta
a una perra chica, quedaron abotonados. Ambos miran a todas partes.
Los vecinos, a punto de intervenir, discuten con qué estrategia.
Poco más allá está una posible entrada oficial
al barrio, la construcción de la mutual Flor de Ceibo. Ese
es el centro social y comunitario de la villa. Un par de mesas, algunas
sillas, gente que entra y sale, el mate, el termo, las facturas que
se ofrecen a la visita. En una lámina grande puesta sobre la
pared dice "Plan de pago de tierras". Hay varias opciones
: desde las 24 cuotas de 72 pesos mensuales (más la cuota social)
a las cuatro cuotas de 400. O, en su defecto, 1.600 pesos al contado,
más la cuota social. Sobre otra pared, un despliegue de fotos
que muestra de qué manera los villeros van construyendo sus
casas. Lo hacen grupalmente, sin saber cuál casa le corresponderá
a cada uno cuando finalicen, para asegurar sudores y esmeros equitativos.
El Flaco Guillermo Villar, alto y pelilargo, antiguo jugador de San
Lorenzo y de diversos equipos sudamericanos, es el referente de la
mutual.
Hace
ya una considerable cantidad de años, el Flaco inventó
en la villa una propaladora, es decir una radio a megáfono. Esa
propaladora después se hizo FM comunitaria, la Sapucay, nudo
de articulaciones varias. Alguna vez, allí mismo munido de su
micrófono y gracias a la intermediación del periodista
televisivo César Mascetti, el Flaco se produjo un notón:
recibió en la radio al doctorazo Guillermo Jorge del Cioppo,
el principal ejecutor del plan erradicador del Proceso, y lo sometió
a riguroso interrogatorio. Dicen que lo hizo polvo. Pero esa FM no está
más. Aparentemente, ciertas internas políticas en el barrio,
cizañeadas desde afuera, derivaron en cierto triste final.
La visita a la 21 no es sin embargo tanto para dar con el Flaco como
para charlar con alguien más veterano, en edad e historia. Ese
alguien es un hombre de unos sesenta y pico, alto, muy entero, con una
gorra con visera. El tipo estaba en la entrada de la villa hace rato,
hubo un mal entendido con los horarios. Está de mal humor. sigue
como rumiando su bronca, una vez adentro, y aunque comienza la ronda
del mate. Parece que el Flaco, siempre sonriente, no le explicó
del todo de qué se trata la historia, la de preparar este librito.
Antes de testimoniar nada, dice el tipo, la Comisión Municipal
de la Vivienda debería hacerse una autocrítica, y una
autocrítica del tipo feroz. Habla duro y se expresa muy bien.
Mira duro también, y larga esta frase:
-Yo no sé si les aconsejaría a los compañeros de
la villa conceder entrevistas a la Comisión Municipal de la Vivienda.
Vuelve a reiterar lo del pedido de autocrítica. Levanta un dedo
y agrega:
-Institucional.
El tipo viene de sufrir un castigo duro, durísimo, que viene
de años. Está sentado firme sobre la mesa, y extiende
unos brazos enormes y comienza a
negarse terminantemente a testimoniar sobre nada. Mucho menos a presentarse
como lider de nada. Aunque tampoco, añade, a minusvalorarse.
Tal la literal expresión. El hombre sobre la silla emplea un
discurso extraordinario, hecha sobre muchas experiencias y lecturas.
Vuelve a aludir a la CMV, al origen de clase de sus funcionarios.
-Me inquieta cómo se conciben ellos como institución.
Es tal cual lo habían dicho otros antes que él, o como
lo había resumido Cymes: para más de un sobreviviente
de las villas, "La CMV es el enemigo". Palabra va, palabra
viene. De a poco el hombre afloja, se va enchamigando. Pero no deja
de establecer pautas de negociación. Se lo ve bien curtido en
la materia. Veremos, dice, si concede la entrevista. Los compañeros
tendremos que reunirnos. Acepta finalmente una segunda cita, para dentro
de un par de días. Lo hace a regañadientes. Comparte sí
la idea de hacer memoria y dice:
-Estamos entrenados para el olvido.
El tipo, por supuesto, es el que dos días después exigirá
no ser presentado con su nombre. Es el que firma sus escritos como Sobreviviente
C.
El mal argentino.
A partir de mediados de los '60 la población villera del país
comenzó a crecer a una tasa descomunal: el 15% anual. Durante
años, y lo mismo a partir de la retirada del Proceso, el ritmo
de crecimiento de la población villera en Capital estuvo por
encima de la del promedio. En su conjunto, hacia 1973 los conglomerados
villeros conformaban la cuarta ciudad argentina, aunque medianamente
invisible, o al menos no siempre oficializada. Sólo en Capital
y el Gran Buenos Aires existían 400 mil villeros repartidos en
600 núcleos poblacionales. Cuando los militares ocuparon el poder,
en marzo de 1976, en la ciudad de Buenos Aires vivían exactamente
224.885 villeros. Esa es al menos la cifra proporcionada por las propias
autoridades militares, en la que incluyeron 9100 habitantes de seis
Núcleos Habitacionales Transitorios y a otros 6930 que poblaban
los barrios Rivadavia, García y Mitre. Como se explicó
al relatar la historia de Magtara Feres, esos no eran "villas"
-como pretendieron los militares- sino barrios construidos por el Banco
Hipotecario.
Sus vecinos ya habían pagado o estaban pagando las respectivas
cuotas, desde hacía años. De todas maneras la CMV rebautizó
como "Villa 44" al barrio Rivadavia y planificó construir
una playa de transferencia de cargas en el agujero que quedara.
Hay buenas razones para creer que en más de un caso el forzamiento
de la
categoría "villa" obedeció lisa y llanamente
a planes erradicadores detrás de los cuales se escondían
interesantes negocios inmobiliarios. Un caso particularmente llamativo
es el del barrio Coronel García, de Escalada y Roca, "compuesto
por integrantes de la Policía Federal", según reconocen
los documentos de la CMV de entonces. Sin embargo, desde los escritorios
del funcionariado, ese barrio de cien viviendas de material prensado,
cruzado por calles y sendas peatonales, también se hizo "villa".
A la hora de estudiar las políticas urbanas del Proceso, el investigador
y politólogo Oscar Oszlak es uno de los que más énfasis
puso en subrayar la concepción global que tenía el gobierno
militar. La concepción "del orden social que aspiraba instituir,
del lugar que en el mismo se asignaba a los sectores populares, del
papel estratégico que tenía la ocupación del espacio
geográfico y de la distribución poblacional juzgada más
conveniente a los fines de la 'seguridad nacional'".
El razonamiento sigue así:
"El fenómeno nuevo que se advierte en la política
argentina después de 1976 es, precisamente, la subordinación
de medidas aparentemente aisladas y puntuales, a grandes lineamientos
de política que responden a un modelo de sociedad que poco tiene
que ver con la experiencia previa del país".
El Proceso militar retomó una discusión histórica
y legítima acerca de uno de los "males" estructurales
del país: la de las grandes extensiones "vacías"
dentro del territorio argentino, la del despoblamiento versus el sobrepoblamiento,
la de la hipertrofia del país con cabeza de león y cola
de ratón. Como se sabe, el debate arranca por lo menos con Sarmiento
y Arturo Jauretche hizo célebre en su Manual de zonceras argentinas
la zoncera nº 2 -"El mal que aqueja a la Argentina es la extensión"-
y la zoncera nº 3 -"Lo que conviene a Buenos Aires es replegarse
sobre sí misma"-. Lo que hizo el Proceso al retomar las
riendas de esas discusión, que sigue siendo imperiosa, fue pretender
llegar a una resolución por la vía de métodos brutales.
Fue más o menos por entonces que comenzaron a manejarse con notorios
sesgos de impunidad discursiva nociones tales como la de "viabilidad"
-de la Nación, de las provincias- o de los "excedentes poblacionales",
o de la cantidad de gente que podía quedar dentro o fuera de
un proyecto de Nación según el modelo a elegir.
Desde la Presidencia misma, el gobierno militar requirió a dos
mesas de trabajo interministeriales el diseño de estrategias
que permitieran tener bajo control "el crecimiento de la región
metropolitana bonaerense". Esos planes debían contar con
el apoyo de la secretaría de Planeamiento y la coordinación
de una denominada Dirección General de Ordenamiento Espacial.
La sola denominación técnica de las agencias de gobierno,
retrotrae a los planes del Onganiato, sólo que en términos
aún más exacerbados. De nuevo, las estrategias a aplicar
deberían ser drástica y totalizantes. En materia de políticas
urbanas, y en Capital Federal, los planes de erradicación de
villas también eran parte de una estrategia integral, sustentada
al menos en cuatro acciones fundamentales. Siguiendo la sistematización
hecha en un trabajo coordinado por Hilda Herzer, producido por el Instituto
de Investigaciones Gino Germani, esas "cuatro patas" de la
estrategia urbanística del '76 son:
-La ley provincial 8912 de ordenamiento territorial, que "tuvo
como efecto la no realización de nuevos loteos destinados a la
población de bajos ingresos". A la larga, el destino estratégico
de buena parte de los "espacios vacíos" sería
el de los countries, los barrios cerrados, los cementerios privados.
Emprendimientos dirigidos a quienes hoy se denominarían los "ganadores
del modelo".
-La nueva ley de locaciones urbanas que dispuso el descongelamiento
de los alquileres en un período de tres años. Como se
verá más adelante, muchos de los antiguos inquilinos engrosarían
las cifras de expulsión y empobrecimiento.
-El programa de construcción de autopistas, que, junto con los
estacionamientos, "favorecieron la apropiación de renta
en los terrenos céntricos. Al paso de la demolición, se
profundizará el déficit habitacional".
-La erradicación de las villas.
Vistas estas estrategias en conjunto, la reestructuración urbanística,
antes que paliar problemas de infraestructura o resolver el problema
histórico del déficit habitacional, desencadenaba fuertes
efectos redistributivos, concentradores, y dejaba afuera a buena parte
de los sectores populares. Sólo como para hacer una referencia
rápida a una de esas "cuatro patas", que no sea la
de las erradicaciones de villas, conviene resumir lo ocurrido con la
"liberación" de los alquileres (sólo tres años
atrás la palabra liberación se usaba para otra cosa) y
sus efectos. Esa otra historia, tanto por el tipo de diagnóstico
que hacían las autoridades, como por sus promesas acerca de lo
bien que iban a salir las cosas, es esencialmente paralela a lo ocurrido
con las villas y sus habitantes.
Los debates acerca de cómo salir de la opción "alquileres
libres" contra "alquileres congelados" ya eran crispados
antes del '76. Las autoridades militares consideraron tempranamente
el problema, al punto que el comunicado nº 13 de la Junta ya lo
incluía en la agenda oficial. Para cuando la llegada del golpe,
prácticamente no existían alquileres en oferta, ya que
los propietarios estaban a la espera de la liberación del sistema.
Un departamento de tres ambientos que fuera a salir al mercado tenía
un precio de alquiler de unos 20.000 pesos, contra un salario promedio
de 36 mil. Las asociaciones de propietarios decían que para salir
de los alquileres congelados y para normalizar el mercado, era imperioso
derogar todas las legislaciones reguladoras -tal como las autoridades
se disponían a hacer en otras áreas- y toda norma de amparo
al locatario. El último censo, de 1973, indicaba que existía
un défitit habitacional de un millón seiscientas mil viviendas,
resultado de la suma entre quienes vivían en departamentos compartidos
y los que lo hacían en hogares inhabitables.
Tras una serie de conflictos y cavilaciones, el 29 de junio de 1976
se sancionó un nuevo proyecto de ley que las autoridades elaboraron
en casi total hermetismo. La nueva ley, dijeron los gobernantes, marcaba
"el principio del fin de una época". Efectivamente
fue así: la oferta de nuevos alquileres se multiplicó
casi por siete en apenas un año. Sólo que una gruesa proporción
de las familias inquilinas que hasta entonces estaban amparadas, y muchas
de las cuales habitaban en las viviendas más antiguas de la ciudad,
no podrían acceder ni a esos valores ni a la vivienda que ya
ocupaban, una vez que se "normalizaran" los valores.
Cuando comenzó a percibirse el drama social que desencadenaría
el sinceramiento del problema de los alquileres, las autoridades relativizaron
las cifras de la cantidad de gente que quedaría afectada, anunciaron
planes complementarios, confiaron públicamente en que las reglas
del libre mercado diluirían y repararían por sí
mismas cualquier dificultad que pudiera sobrevenir, incluyendo la nivelación
de los precios.
De manera emblemática, uno de los funcionarios que salió
a tranquilizar a la opinión pública fue uno a partir de
aquí tendrá un rol protagónico en esta historia:
el titular de la Comisión Municipal de la Vivienda, Guillermo
del Cioppo. Tranquilos todos, dijo, "el mundo no se va a venir
abajo" cuando comience a regir la liberación de alquileres.
A mediados de 1978 vaticinó que no habrían más
de medio centenar de desalojos en toda la ciudad. Tiempo después
se conoció que en sólo uno de los cincuenta juzgados de
la Capital, en 1979, se iniciaron 430 juicios de desalojo, que se dictaron
250 sentencias y que 60 de ellas ordenaban el desalojo con uso de la
fuerza pública. Paralelamente, los diarios del '78 informaban
que el costo de la construcción había aumentado en un
45% (contra un 25% de las previsiones oficiales) y en un 30% los costos
de los nuevos alquileres.
Los prometidos créditos del Banco Hipotecario, que debían
paliar el problema de los quedaban sin techo, resultaron inaccesibles
para la mayoría. Los camiones de mudanza y los operativos de
desalojo se convirtieron en parte del paisaje y de la vida cotidiana
de los sectores más vulnerables de las clases medias bajas y
trabajadoras.
¿A dónde fueron a parar esas personas? A superpoblar las
casas de sus familiares, al conurbano, a las provincias, a hoteles y
pensiones. Forzando una expresión que el sociólogo Artemio
López empleó mucho más tarde, puede decirse que
esos contingentes humanos fueron antecedente y parte del fenómeno
de la "pobreza de puertas adentro" que se generalizaría
en la década del '90.
En términos de cifras, Oscar Oszlak deduce un total de 300 mil
personas expulsadas de la Capital Federal al cabo de la gestión
de políticas urbanas aplicada por la dictadura militar (recordemos
que unas doscientas mil fueron las erradicadas de las villas). En las
páginas finales de Merecer la ciudad. Los pobres y el derecho
al espacio urbano, Oszlak hace este balance: "Cuestionando las
formas de apropiación y uso del suelo, (las autoridades) justificaban
la erradicación de villas de emergencia. Recuperando zonas destinadas
a obras públicas unilaterlamente decididas, daban lugar a expropiaciones
por construcción de autopistas o por ampliación de espacios
verdes. Relocalizando industrias, producían la virtual desaparición
de fuentes de trabajo y el inevitable éxodo de la población
obrera... Desde la óptica de ciertos sectores sociales y estatales,
los pobres de la ciudad siempre constituyeron una amenaza latente. Más
de una vez se levantaron los puentes sobre el Riachuelo para evitar
el acceso a Buenos Aires de masas obreras que se dirigían en
manifestaciones a la Plaza de Mayo".
Es oportuno ahora explicar por qué Oszlak tituló a su
trabajo como lo tituló: "Merecer la ciudad". Para lo
cual es necesario acudir por segunda vez a una declaración de
1980 del jefe de la Comisión Municipal de la Vivienda, Guillermo
del Cioppo, acerca de la ciudad de Buenos Aires que el Proceso soñaba:
"No puede vivir cualquiera en ella. Hay que hacer un esfuerzo efectivo
para mejorar el habitat, las condiciones de salubridad e higiene.
Concretamente: vivir en Buenos Aires no es para cualquiera sino para
el que la merezca, para el que acepte las pautas de una vida comunitaria
agradable y eficiente. Debemos tener una ciudad mejor para la mejor
gente".
El uso del verbo erradicar.
El
9 de septiembre de 1976 apareció este suelto en el diario La
Razón: "3-1627, Bahía Blanca. Este teléfono
atiende 24 Hs. del día. Está instalado en el Comando de
Operaciones Tácticas del V Cuerpo de Ejército. A toda
hora puede llamarse para dar cuenta de movimientos sospechosos. El teléfono
fue ubicado en el marco de la lucha antisubversiva con el objeto de
erradicarla".
El 17 de diciembre de 1977, cuando un grupo de tareas, contando con
el trabajo de inteligencia previa del marino Alfredo Astiz, secuestró
a un grupo de integrantes de organismos de derechos humanos, entre ellos
a la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y a las
religiosas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, la Dirección
Nacional de Prensa hizo reproducir en los diarios este comunicado:
"Frente a la desaparición de un grupo de personas, entre
ellas dos religiosas, el gobierno nacional expresa su vivo y categórico
repudio a todo intento perturbador de la paz y de la tranquilidad de
los argentinos.
En estos momentos tan propios para la armonía y el entendimiento,
en circunstancias en que pueblo y gobierno buscan, con renovado afán,
lassoluciones que permitan arribar a una paz digna y duradera, la subversión,
encerrada en su nihilismo, insiste con sus métodos de odio y
destrucción.
El gobierno de las Fuerzas Armadas, con la colaboración de todos
los sectores del país, reafirma su inquebrantable decisión
de erradicar todas las manifestaciones disociantes de la comunidad nacional
y rechaza el incalificable propósito de generar enfrentamientos
con otros países, con instituciones religiosas y con familias
asoladas por la violencia extremista". Ambas citas, como es evidente,
sólo tienen por objeto ilustrar cuáles eran durante la
última dictadura militar los usos del verbo erradicar, es decir
hasta qué punto erradicar era algo más que un simple eufemismo
técnico. De nuevo a las cifras. Es necesario detenerse en ellas,
aún cuando siempre
el manejo de números que pretenden representar personas tienen
algo de brutal e inhumano, y aún cuando, en la historia de las
erradicaciones, las estadísticas tienen bastante de elusivas
y a veces de contradictorias. A su vez, el hecho mismo de que sean elusivas
o contradictorias, tiene relación con la doble lógica
en que se desarrollaron las tareas erradicadoras. Las aplicaba el Estado,
verticalmente, imponiendo no sólo sus políticas sino sus
números. El objeto de aplicación de esas políticas
era un mundo social semiclandestino, indefenso, que no tenía
cómo terciar a la hora de hacerse visible. Si la represión
militar fue clandestina, las políticas erradicadoras, aunque
oficiales e incluso vociferadas como estrategia pública central
de la dictadura, se dirigían a un sector aislado del conjunto
social. Para cuando los efectos de las erradicaciones llegaron a los
medios -lo que demoró mucho más que el tratamiento mediático
del tema de los desalojados por el descongelamiento de alquileres-,
y para cuando la cúpula de la Iglesia se decidió a intervenir,
ya la tarea había sido realizada.
Oscar Yujnovsky dice que el total de la población villera hacia
abril de 1976 ascendía a 218 mil personas y que el año
siguiente ya era de 280 mil, según datos oficiales reflejados
por diarios de la época. Aunque las presiones sobre esa población
y los desalojos parciales comenzaron apenas meses después de
que se produjera el golpe militar, las autoridades se tomaron algún
tiempo para afinar sus políticas totalizadoras. En agosto de
1976 hubo esta comunicación oficial:
"La intendencia municipal hace saber a la población que,
en cumplimiento de su política de congelamiento de las villas
de emergencia existentes en la ciudad, no permitirá de ninguna
manera la construcción de nuevas viviendas en dichos lugares
o la ampliación de las actuales. Con tal motivo se advierte a
quienes no accedan a dicha prohibición, que se dispondrá
de inmediato a la demolición de toda nueva construcción
sin perjuicio de adoptar las medidas legales que correspondan contra
quienes lesionen los legítimos derechos de dominio que ejerce
la Municipalidad sobre sus predios".
Es más interesante la parte final del comunicado divulgado por
los diarios:
"La Municipalidad, responsable de la urbanización y el ornato
de la ciudad, no puede ni debe tolerar la proliferación de construcciones
de emergencia, que por estar reñidas con elementales necesidades
materiales y espirituales de la vida humana, son contrarias a la salud
de la población".
El Sobreviente C, Magtara Feres, Johny Tapia, Juan Cymes, junto con
sus 200 mil vecinos, eran ejemplos acabados de cómo con su mera
existencia conspiraban contra el buen ornato de la ciudad y la salud
de la población.
Veamos de qué manera vivieron ellos los días previos y
posteriores al 24 de marzo de 1976 y el peso ominoso de la fórmula
congelar/erradicar, a la que poco tiempo después se le añadió,
justo en el medio, la variante articuladora desalentar.
Para Juan Cymes la historia venía de arrastre. Entre otros arrastres,
de las persecuciones desatadas por el Comando de Organización
y otros núcleos duros de la derecha peronista. Juan se había
radicado en 1970 en Las Antenas, aunque relacionado siempre con las
otras villas cercanas de Capital. En su villa de adopción lo
habían elegido presidente de la comisión vecinal. Cuarenta
y ocho horas antes del golpe, fueron los vecinos quienes lo protegieron
de la llegada de las patotas mixtas. Lo interesante es quién
le dio el primer alerta: un funcionario municipal al que los vecinos
de Las Antenas habían tratado durante algún tiempo. Este
hombre no sentía por los villeros algún cariño
especial, y aunque carente de ideologías radicales, había
aprendido a respetar a la gente de la villa y a sus dirigentes sencillamente
por lo bien que se organizaban y por los logros que habían obtenido.
Este funcionario simplemente obró por conciencia. Un domingo
por la mañana llamó a Cymes para decirle que tenía
que comentarle "un asunto delicado" y le pidió verlo
con urgencia, no en la intendencia sino en su casa. Una vez juntos,
le mostró a Juan un papel que sus superiores le habían
pedido firmar. El papel era una denuncia de los pesados de La Matanza
contra Cymes y otros dirigentes. Lo típico de entonces: reconocidos
zurdos, extremistas peligrosos. Cymes y los demás le agradecieron
el aviso al oscuro funcionario. Y efectivamente a las pocas horas en
Las Antenas cayeron los camiones del Ejército. En la villa los
vecinos habían cavado una veintena de pozos debajo de las viviendas.
Algunos se ocultaron en ellos. Otros permanecieron borrados durante
semanas. En el medio se produjo el golpe. La que al cabo del tiempo
no pudo salvarse fue una mujer, Stella Maris Martínez, a la que
confundieron con alguna otra persona. Stella Maris era la secretaria
de Salud de la comisión vecinal. La torturaron salvajemente.
Cuando salió -estaba embarazada-, salió destruida: vivió
ocho años encerrada, semipostrada, hasta que falleció.
En cuanto a Juan, Las Antenas fue su lugar de exilio. Guardado y a la
distancia, siguió ejerciendo su rol de dirigente villero, a pedido
de los vecinos.
La referencia de Johny Tapia a los días del golpe y a cómo
se vivieron en las villas es más breve pero no por eso menos
eficaz. A lo largo de su vida en la 31 él debió ir ocupando
sucesivamente tres o cuatro casas y lotes distintos, según cómo
lo corrieran las circunstancias. "Nosotros esos días vimos
cómo nuestros dirigentes, que eran nuestros hermanos, eran perseguidos,
y cómo entraban en sus viviendas y las derrumbaban".
Tapia cita el nombre y apellido del Sobreviente C entre el grupo de
los dirigentes perseguidos. El Sobreviente C utiliza su verba fiera
cuandotiene que ubicarse en la época: "Era una situación
de barbarie militarizada, de maltrato indiscriminado. Me vi obligado
a hacer un trabajo de autosugestión para desaparecer del mapa,
para no delatar a nadie. Entré en un proceso de olvido voluntario
de todo". El Sobreviviente C pretendió guardarse en la 31.
Hasta que un día, a la vuelta del trabajo, los vecinos le advirtieron
que lo estaban buscando. Durante seis años estuvo a los saltos,
viviendo en la semiclandestinidad. Hasta que pudo instalarse en la villa
21, que es donde vive ahora.
El otro que guarda recuerdos medianamente nítidos de aquellos
es días es el padre Pichi, o José Meisegeier, el que había
sucedido a Mugica en la villa 31:
-Sabía que la mano venía durísima. Los jesuitas
de Belgrano ya me habían dicho: 'No te vengas por acá'.
Yo me fui a la villa a protegerme. Porque sabía que, al menos
en los años anteriores, más allá de 300 metros
hacia andentro de la villa, la cana no entraba. Yo tenía mi plan
de escape pensado, por qué pasillo salir, pisando qué
durmiente. Los dirigentes qué otra cosa podían hacer que
borrarse, irse al interior. El Negro Vidal Guzmán, dirigente
del Bajo Belgrano, desde entonces, está en el Paraguay.
-¿Y la demás gente?
-Miedo, encerrarse y chau.
Johny Tapia y Juan Cymes coinciden en rescatar el nombre de otro de
los dirigentes villeros perseguidos: José Valenzuela, que fue
secuestrado y luego liberado. Cómo no, cuando Valenzuela falleció,
hace poco tiempo, el Sobreviente C le escribió uno de sus poemas.
Sobre una hoja de papel cuadriculado, en tinta y con mayúsculas.
¡Arriba don José Valenzuela!, se llama el poema, y aquí
va una reproducción parcial. Tenerlo presente con su carcajada
de pendejo rabioso y que si diez se le oponían, mil lo respaldaban
y que si sus rivales en contra farfullaban su fiel pueblecito indoamericano
de Comunicaciones, igual lo respaldaba. Enérgico y decidido dirigente
vecinal, de grandes movimientos, que temerariamente arremete
contra armados y asesinos ladrones policiales armado como ariete por
su amotinada gente. Tu
nombre, junto al del padre Carlos Mugica, Chejolán y los de nuestros
queridos dirigentes desaparecidos, asesinados, estarán siempre
afectivamente en nuestros corazones, en la popular memoria colectiva.
Lo
que es un poco terrible del caso es de qué particular manera
operan el recuerdo y la memoria de los muertos y perseguidos de las
villas, qué serias dificultades existen para traerlos al presente,
o por qué dura razón el Sobreviente C se resiste a decir
su nombre y el de otros. De lo cual se intentará decir algo,
más adelante.
Las mieles de la mano dura.
A lo
largo de estas páginas se señaló hasta qué
punto las autoridades militares supieron sacar partido de los peores
perjuicios de la sociedad hacia los villeros y cómo, en contrapartida,
fueron absolutamente lúcidas a la hora de presentarse como
las que, por fin, darían una solución rápida
y eficiente al problema. La campaña propagandística
se redobló hacia el año 1977 cuando se inició
el plan ya sistematizado de erradicaciones. En sus abundantes intervenciones
en los medios, las autoridades no dejaban nunca de repasar el repertorio
completo de prejuicios: la villa como ghetto oscuro e inquietante,
dueña de una subcultura dudosa y nociva; la villa como lugar
de acomodos y privilegios; la experiencia histórica acumulada,
en la que políticos populistas, demagogos y corruptos no se
hacían cargo del problema salvo para dejarlo intacto y lucrar
con los villeros, y éstos con los políticos; la cantidad
-rigurosamente inflacionada- de extranjeros e indocumentados que quitaban
vivienda y trabajo a "los argentinos"; la puesta en tela
de juicio de los índices de pobreza real; las actividades comerciales
hechas al margen de la ley; el no cumplimiento en el pago de impuestos
pese a lo retributivo de ese comercio; las mafias y los delincuentes
reales y presuntos que explotaban el territorio, etc.
Los funcionarios militares se erigían como la contracara absoluta
de toda esta panoplia de vicios, quedantismos, negligencias y corruptelas.
Ellos, decían, operarían eficientes, limpios, modernos,
drásticos. Y así sería la ciudad que legarían
a las generaciones futuras. El 13 de julio de 1977 el intendente Osvaldo
Cacciatore (cuyo ascenso de brigadier a intendente de Buenos Aires
sólo se explica por el reparto de poder entre el Ejército,
la Marina y la Aeronáutica), sancionó la ordenanza 33.652.
Esa ordenanza fue
la que dispuso que la Comisión Municipal de la Vivienda, por
ser el "organismo idóneo", se hiciera responsable
del plan integral de erradicación. Así como durante
el Onganiato los planes habían tomado forma impresa en aquel
cuadernillo de ochenta páginas, la memoria acerca de cuáles
fueron los planes de la dictadura militar del '76 tuvieron letra y
música en un grueso libro de 114 páginas impreso por
la Comisión Municipal de la Vivienda en septiembre de 1980.
Es un mamotreto generoso en cuadros, organigramas y estadísticas,
que pasó a la historia como el Libro Azul. En contraposición
con el cuadernillo del Onganiato, va al grano sin demasiados prólogos.
En el cotejo con todos los documentos oficiales acumulados hasta entonces,
los relacionados con la cuestión villera, ostenta un notorio
empobrecimiento discursivo. Es posible que ese empobrecimiento obedeciera
a una simple cuestión fáctica y de actitud: No tenemos
por qué dar explicaciones.
En ese Libro Azul, en la tira de nombres de funcionarios de la CMV,
se destaca, además de Guillermo del Cioppo, el denominado "Gerente
Area Ordenanza 33.652", comisario inspector Osvaldo Salvador
Lotito. El nombre del comisario Lotito hace a hitos importantes en
la historia de los villeros, al punto que en homenaje a su trayectoria
los sobrevivientes todavía lo recuerdan como La Chancha Colorada.
Lotito contaba con años de experiencia territorial. Mucho antes
del golpe solía liderar operativos de desalojo y era conocido
casi como un personaje popular antiguo, un comisario de aquellos que,
según recuerda el Sobreviviente C, "se sacaba el uniforme
para pelear". De hecho el Sobreviviente C fue uno de los que
enfrentó a Lotito en pugilato, un día que la villa de
Retiro terminó gaseada y bien nutrida de guardias de infantería.
Las primeras páginas del libro de la CMV están dedicadas
a ilustrar con estadísticas los sucesivos fracasos oficiales
en materia de erradicación, incluyendo en forma impiadosa los
del período de la Revolución Argentina. Los villeros,
decía la primera introducción, más bien económica,
eran presentados en trazos muy gruesos como "familias provenientes
en su mayoría del interior del país y de países
limítrofes, con escasos recursos económicos (las cursivas
no son del original) y baja calificación de mano de obra, que
se encuentran en estado de marginalidad". Más adelante
se aseguraba que "el crecimiento paulatino y desmesurado de las
villas de emergencia amenazaba la calidad de vida y de población
de la ciudad". Y un poco después, se afirmaba que los
planes acumulados de construcción de viviendas de interés
social fracasaron, porque los villeros habían trasladado a
sus nuevos hogares "las pautas de la villa", no se integraron
con el conjunto de la sociedad, ni tampoco supieron desarrollar "el
sentido de propiedad". "Como consencuencia -decía
la introducción-, no asumieron la obligación del pago
de cuotas, ni el cuidado de la vivienda, manteniendo sus normas de
comportamiento idénticas a las de la villa". Como se puede
apreciar, los prólogos son breves y asertativos, un tanto feroces,
y abren paso a la idea de ahora viene lo mejor. Lo que sigue es un
bonito organigrama militar, generoso en círculos, rectángulos
y flechas, que por su sola y eficaz simplicidad permite comprender
de un plumazo en qué consiste el plan de erradicación
y sus etapas. Tres círculos centrales, rayados, dicen lo que
ya hemos anticipado: congelamiento, desaliento, erradicación.
Cuatro circulitos intermedios, más cuatro flechazos, conducen
a un círculo mayor, la solución final u "Ordenamiento
social y edilicio" de la ciudad. Después de la aproximación
geométrica inicial, el Libro Azul se explayaba con el asunto
de las tres etapas.
Congelamiento. Tal como se había hecho durante el Onganiato,
la tarea consistía en dimensionar el territorio, estudiar su
densidad poblacional, censar a sus habitantes, mediante relevamientos
aerofotográficos y los que
habría que hacer sobre el terreno. Con el tradicional sistema
de escritura castrense -1, 1.1, 1.2.4, 1.3.3- y con meticulosidad
escolar, la etapa congelamiento incluía tareas como estas:
1.2.1. Marcación de casillas. "Se comienza por pintar
en el frente de cada vivienda un recuadro de fondo negro sobre el
cual se procede a colocar el número correspondiente a la vivienda".
1.2.2. Numeración de casillas. "En forma correlativa se
numeran las viviendas a fin de conocer con exactitud la cantidad de
las mismas".
En el punto 1.3.2 se mencionaba el tema de los Certificados de Asentamiento
Precario (CAP) en los que quedarían asentados los datos de
filiación de los vecinos, obtenidos en el censo. Los CAP deberían
"ser exhibidos por el villero ante cualquier Autoridad Municipal,
Policial o Seguridad que así lo requiera". A su vez (inciso
1.3.3.), la CMV confeccionaría por cada vecino una "Ficha
Legajo" que sería "utilizada por el personal afectado
a las etapas de desaliento y erradicación. Sirve además
para volcar en ella, cronológicamente, el proceso desarrollado
por la familia hasta su erradicación".
Desaliento. "Es aquel accionar que lleve paulatinamente a la
población villera a no encontrar motivaciones que justifiquen
su permanencia en la villa". Las previsiones desmotivadoras de
la CMV ocupan una carilla y algo más con seis distintas variantes
de vigilancia, prohibición y control.
Control del comercio "ilegal", industrias, talleres, depósitos.
Clausuras y decomisos. "Prohibición estricta de vender,
comprar, ceder o alquilar las viviendas existentes, como así
también la ampliación o nuevas construcciones".
Prohibido circular y estacionar "dentro del radio de la Villa".
"Demolición inmediata de casas abandonadas o aquellas
en que se constata su venta o alquiler".
La sexta normativa (o punto "efe"), es particularmente sugerente:
"La presencia constante del Personal del 'Departamento de Vigilancia
Interna', motivando a la población villera a encontrar la solución
a su problema habitacional, mediante la compra de un terreno o retornando
a su país o provincia de origen".
Dos observaciones. Una: en los documentos del Onganiato, donde aquí
dice
"motivar", allí decían "urgir".
Dos: de qué neutra manera funcionaba la burocracia del mal.
Finalmente:
Erradicación. "Es el accionar que permite la liberación
de los terrenos afectados por las Villas de Emergencia... exige la
implementación y concentración de recursos humanos,
materiales y económicos, cuya magnitud depende de cada Villa
a erradicar".
Es a partir de aquí en donde las autoridades de la CMV comienzan
a hacer previsiones, planes y promesas acerca de a dónde irán
a parar los erradicados, a los que se proponen cuatro alternativas
básicas.
"a- Traslado a terreno propio.
b- Retorno a su provincia o país de origen.
c- Egreso por medios propios.
d- Apoyos crediticios".
Respecto del terreno propio, la CMV aseguraba que proveería
a las familias erradicadas de transporte para su traslado, de materiales
y de un "plano prototipo" siguiendo al cual, fácilmente
esa familia construiría su nuevacasa. A los que quisieran volverse
a su provincia o país de origen, la CMV les garantizaba pasaje
gratis y traslado igualmente gratuito de sus enseres. Un poco más
ambigua era la explicación acerca del "egreso por medios
propios":
"Son aquellos egresos que surgen como consecuencia del accionar
del Organismo en el área de Villas, cuya influencia hace que
algunas familias abandonen por sus propios medios estos asentamientos,
no utilizando recursos de la CMV". En cuanto a los apoyos crediticios,
se otorgarían gracias a la concesión de préstamos
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y estarían destinados
a familias de bajos recursos. Siendo que, como quedó asentado,
desde las primeras páginas de introducción el Libro
Azul englobaba al conjunto de la población villera como "de
bajos recursos", no quedaba demasiado claro a quiénes
llegarían esos beneficios, especialmente cuando las autoridades
comenzaron a decir que eso de los bajos recursos era más que
relativo. El margen de duda queda interrumpido a poco que se lee ese
párrafo. Punto y aparte y el inmediatamente siguiente es el
que dice "Demolición":
"A medida que van cumpliéndose las distintas alternativas,
se procede a la inmediata demolición (esta vez el subrayado
sí es del original) de lasviviendas, lo que culminará
con la erradicación total de la familia".
Vamos a dejar para más adelante los balances que hacía
la CMV hacia 1980
acerca de las erradicaciones, y qué fue de la vida de sus previsiones
y promesas.
Eduardo
Blaustein Prohibido
Vivir aquí Una
historia de los planes de erradicaciónde villas de la última
dictadura para la Comisión Municipal de la Vivienda
(CMV) GCBA - 2001.
Fotos
de tapa y retratos Cristina Fraire
|